En el Cibao existen registrados más chinos que haitianos
La noticia no debe llamar tanto la atención porque es que esos chinos pagan entre 10 a 20 mil dólares para llegar a república dominicana y eso incluye los papeles dominicanos o sea nacionalizados en su mayoría son propietarios de negocio ya que no se alquilan a nadie, no pagan impuestos, no aceptan pagos con tarjeta de crédito y le pagan miseria a los empleados.

El proceso de verificación de los libros del Registro Civil de las Oficialías del Estado concluyó en la región del Cibao con el resultado de que muy pocas personas de padres y ascendencia haitiana se encuentran registradas, según informaron empleados de las oficialías civiles. Dijeron que principalmente, la mayoría de los dominicanos de padres o de descendientes extranjeros son de orígenes libaneses, españoles, chinos, franceses, estadounidenses y de otras naciones.
Entre esos dominicanos de ascendencia extranjera, se encuentran muchos que llevan apellidos sonoros en Santiago y el Cibao y que se dedican a las actividades empresariales ó comerciales y otros ocupan posiciones públicas, políticas y sociales de gran relevancia. Se estableció incluso, que las personas nacidas en el país de padres, abuelos, bisabuelos y tataranietos de origen puertorriqueño, cubano y ecuatoriano, superan a los de ascendencia haitiana. Funcionaria de una de las oficialías civiles, que prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato, dijo que en el Cibao Central, sobre todo en Santiago, se determinó que hay muchos dominicanos inscritos en el Libro de Registro Civil, que directa o indirectamente tienen ascendencia extranjera, ya que sus antepasados emigraron de otros países del mundo.
Pero insistió en que la cantidad de personas nacidas en el país de padres y de otros descendientes haitianos es mínima. Mientras, el economista y comunicador Leonardo Aguilera, miembro de la Comisión de Veedores de la Junta Central Electoral, declaró que durante un recorrido por las oficialías de Santiago, La Vega, Moca, Valverde, Puerto Plata y otras localidades de la región, observó la consistencia del trabajo que están realizando los empleados de la Junta Central Electoral en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de Migración.

El proceso de verificación de los libros del Registro Civil de las Oficialías del Estado concluyó en la región del Cibao con el resultado de que muy pocas personas de padres y ascendencia haitiana se encuentran registradas, según informaron empleados de las oficialías civiles. Dijeron que principalmente, la mayoría de los dominicanos de padres o de descendientes extranjeros son de orígenes libaneses, españoles, chinos, franceses, estadounidenses y de otras naciones.
Entre esos dominicanos de ascendencia extranjera, se encuentran muchos que llevan apellidos sonoros en Santiago y el Cibao y que se dedican a las actividades empresariales ó comerciales y otros ocupan posiciones públicas, políticas y sociales de gran relevancia. Se estableció incluso, que las personas nacidas en el país de padres, abuelos, bisabuelos y tataranietos de origen puertorriqueño, cubano y ecuatoriano, superan a los de ascendencia haitiana. Funcionaria de una de las oficialías civiles, que prefirió que su nombre se mantenga en el anonimato, dijo que en el Cibao Central, sobre todo en Santiago, se determinó que hay muchos dominicanos inscritos en el Libro de Registro Civil, que directa o indirectamente tienen ascendencia extranjera, ya que sus antepasados emigraron de otros países del mundo.
Pero insistió en que la cantidad de personas nacidas en el país de padres y de otros descendientes haitianos es mínima. Mientras, el economista y comunicador Leonardo Aguilera, miembro de la Comisión de Veedores de la Junta Central Electoral, declaró que durante un recorrido por las oficialías de Santiago, La Vega, Moca, Valverde, Puerto Plata y otras localidades de la región, observó la consistencia del trabajo que están realizando los empleados de la Junta Central Electoral en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de Migración.


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