La mala práctica

Julio Mariñez

Las elecciones del 16 de mayo, colocaron de bulto, algunos hechos que por más que traten, no podrán ocultar, que hubo un escandaloso y amañado fraude electoral, desde una Junta Central Electoral (JCE) conformada, en su mayoría, por dirigentes y simpatizantes del gobierno peledeísta.

Veamos algunos datos y las conclusiones a que nos llevan, es muy sencilla: primero, el PLD se articuló sobre las deficiencias del sistema electoral dominicano para cometer toda serie de tropelías que devino en unos resultados que no corresponden con la realidad.

El caso grosero y descarado del presidente Leonel Fernández y su gobierno peledeísta, de robarse, con tecnicismos jurídicos, la senaduría de Pedernales al PRD, entre otros tantos casos en que el soborno se casó con la ambición de estos simuladores, enemigos de la democracia verdadera.

Segundo, se impone, en lo adelante, una revisión profunda del sistema electoral que, entre otras muchas incorporaciones, se contemple una auditoria profunda del sistema, particularmente, en la ruta del escrutinio, actas y envío de la misma a la JCE.

Veamos los hechos.

Cómo se entiende que un partido que obtiene 1,452 234 votos municipales derrotando de tú a tú, sin alianzas, al PLD por más de 149,000 votos; ganando 104 de los 155 municipios; logre 58 síndicos, que de 329 regidores en el 2006 sube a 520 en el 2010.

Cómo se entiende que un partido que en las elecciones del año 2006 obtiene el 31.03% de los votos congresuales y logra diez representantes en el Senado de la República, hoy con el 42%, no se le respeta el derecho que da nuestra democracia, a ganar de doce a quince senadores, como era la percepción mercadológíca situacional del momento político.

Un partido que aumenta su nómina de diputados en 13, pasando de 62 en el año 2006 a 75 obtenidos el 16 /05/10. ¿Y no obtiene senadores? ¿Para que servirá la democracia en este país?

Algo huele mal en Dinamarca, dice el refrán. Y es que más allá de las denuncias de compra de cedulas, de presión gubernamental, de artilugios para trastocar la voluntad electoral; se evidencia, con un simple análisis estadístico, que algunos partidos aliados al PLD obtienen en las actas, en algunas provincias y municipios, abultados resultados que no guardan relación con su tamaño y su historia electoral, sino que se advierte la introducción de una matriz de números binarios, como fue el caso de la Provincia de Azua, en donde los catorce partidos aliados al PLD, le pusieron exactamente 10 votos a cada uno, entre otros embarres.

Todo llama a la duda razonable. La justicia debe imponerse y la nueva JCE deberá tener un rol protagónico, que recupere la vergüenza política en los procesos venideros y que paute, como debe ser, el devenir político en la República Dominicana.

Todo invita a transitar el camino de la ley de partidos políticos y una reforma electoral, con el fin de contribuir con la legitimidad del sistema, base fundamental de la legalidad y gobernabilidad.

Una reforma que gane en transparencia. Que institucionalice mecanismos de control que garanticen la pulcritud del proceso. Que instituya la auditoria electoral como mecanismo de control y muro de contención ante los aventureros, enterrando para siempre, la mala práctica del soborno y la corrupción electoral, restaurada por los peledeistas.

El PRD ha interpuesto las demandas correspondientes ante las instancias de ley. Son documentos bien sustentados, avalados por juristas reconocidos por su experticia profesional y su bien ganada reputación.

El PRD, más que una formación política es, medularmente, un sentimiento patriótico nacional (1939 y 1961), es una organización que representa la más esperanzadora posibilidad de vindicación del pueblo dominicano. Por eso avanza firme, como lo demostró en el escrutinio del 16/05/10, pero solo con reglas muy claras, el PRD y sus aliados, deberían participar en las elecciones generales del año 2012, porque “guerra avisada, no debe matar soldados”.